Educación y neoliberalismo  

Claro, el neoliberalismo existe. Y tiene una agenda para América Latina. Paul Krugman habla del "Consenso de Washington", que incluye no sólo al gobierno de los Estados Unidos sino a todas las instituciones y grupos de trabajo, como el FMI, el Banco Mundial, banqueros, ministros de finanzas y personalidades que se reúnen con frecuencia en Washington y, colectivamente, definen la sabiduría económica convencional del momento.

El neoliberalismo descansa sobre dos principios, mercados libres y moneda sana: haga comercio libre, privatice las empresas estatales, equilibre el presupuesto público, ancle la tasa de cambio y usted tendrá los fundamentos del despegue económico.

Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, en crecimiento económico, en exportaciones, etc; mientras que, por otro lado, la distribución del ingreso ha empeorado, el desempleo se ha trepado a las nubes, y los pobres son mucho más pobres que antes. El hundimiento del modelo mexicano fue elocuente al respecto.

Por estas circunstancias hay una crisis de confianza en el modelo. Sin embargo, las reformas siguen una tras otra, en todas partes de América Latina, como si el problema no fuera el modelo mismo sino la fidelidad hacia el modelo.

Y los actuales problemas, como el desempleo, son el producto del pasado: "(...) de ninguna manera considero que las reformas económicas que hicimos han provocado esos costos sociales. La alta desocupación que hay en Argentina es por el mal manejo de la economía en los años 80 (...)", dice Cavallo.

El Banco Mundial, uno de los participantes del Consenso de Washington, también tiene su agenda para la educación. La recomendación general del BM es reducir drásticamente la inversión pública en la educación por medio de la privatización y la reestructuración de los sistemas escolares, con el objetivo de desmantelar los remantes del "Estado paternalista", de tal manera que los gobiernos sean capaces de continuar con los pagos de la deuda externa.

 POLITICAS PARA LA EDUCACION

 En el documento "Priorities and Strategies for Education" (BM, 1995) sobresalen las siguientes políticas generales para la educación:

1. Mejoramiento de la educación primaria, a través del desplazamiento de la inversión pública en educación secundaria y especialmente universitaria hacia la primera, con el fin de mejorar la cobertura ¿Por qué? "El gasto total en educación en países de ingresos medios y bajos, a menudo, beneficia a los pudientes". Este es el principio de la equidad. Y las altas tasas de retorno de la educación primaria sobre la secundaria y
 la universitaria, en la mayoría de los países en desarrollo sugieren que el mejoramiento en las inscripciones y en la retención de la educación básica deben tener la más alta prioridad". Este es el argumento de la eficiencia.

El problema con esta política es que no se puede ampliar el sistema primario si no se mejora y se amplía el entrenamiento de los maestros, y "no se puede entrenar a los maestros de manera separada, sin elevar los niveles educacionales y profesionales de la sociedad entera". Sin embargo, en contradicción, "el Banco recomienda recortar el número de maestros de primaria, al igual que los programas financiados por el
 gobierno para su mejoramiento y educación".

2. Privatización del sistema escolar bajo las consideraciones de descentralización y la modernización: "la privatización implica el abandono de la noción de servicio público y su reemplazo por el de negocio que busca una ganancia. El acceso a los servicios públicos no se considera más el derecho del ciudadano, sino que está basado en la capacidad de pagar", o que genera desigualdades sociales porque sólo los grupos más ricos pueden acceder al servicio. Por otro lado, la descentralización se enfoca sobre la implementación del programa y no sobre el diseño del programa y el objetivo no es la democratización de los servicios sociales sino el logro de una mayor eficiencia en el uso de los recursos escasos.

En resumen, existe una política de modernización neoliberal de la educación, montada sobre la privatización del sector y la menor presencia del gobierno, no sólo en la gestión y prestación del servicio, básico para las familias y el Estado sino también en el gasto, siempre escaso e insuficiente. Se espera mayor eficiencia en el uso de los recursos y, por lo tanto, una cobertura mayor.

Por Guillermo Maya Muñoz