Después del neo-liberalismo: un nuevo camino
Jorge G. Castañeda
A lo largo de los últimos dieciocho meses, un grupo de políticos latinoamericanos,
procedentes del centro y de la izquierda del espectro ideológico de nuestras tierras, se
ha venido reuniendo en busca del paradigma perdido.
Concientes que tanto el fundamentalismo de mercado imperante como el desarrollismo
protegido y populista de antaño resultan hoy inoperantes, que propuestas puntuales
limitadas a ámbitos estrechos y circunscritosel ecónomico, el político, el
social, o el internacionalno bastan para diseñar un programa de reforma y de
gobierno viable, creíble y diferente, y que de poco sirve erigir plataformas y lanzar
proclamas sin las coaliciones políticas y sociales que las impulsen, los participantes no
se propusieron reconstruir el mundo de la noche a la mañana. En las cuatros reuniones
celebradas hasta ahora en México, Chile y Costa Rica se ha trabajado con paciencia, con
un horizonte de largo plazo y sin la premura de crear consensos artificiales y efímeros.
Estos encuentros fueron inicialmente convocados por Jorge G. Castañeda y Roberto
Mangabeira Unger. Participaron en ellos, entre otros, Carlos "Chacho" Alvarez,
Adolfo Aguilar Zinser, John Biehl, José Bordón, Leonel Brizola, Manuel Camacho, Dante
Caputo, Cuauhtémoc Cárdenas, Jose Dirceu, Marco Aurelio García, Gabriel Gaspar, Ciro
Gomes, Oscar González, Facundo Guardado, Claudio Fermín, Graciela Fernández Meijide,
Vicente Fox, Itamar Franco, Tarso Genro, David Ibarra, Ricardo Lagos, Andrés Manuel
López Obrador, Luis Ignacio Lula da Silva, Carlos Ominami, Sergio Ramírez, Rodolfo
Terragno y Vicentinho. No son signatarios de este documento sino
partícipesunos más asiduos que otros, unos más comprometidos que
otroscon un proceso de reuniones en curso, dínamico y
ambicioso, que pretende, a través de la discusión entre nosotros y al confrontar
nuestras ideastentativas, iniciales, abreviadascon la opinión
pública, ir transformando la indispensable denuncia del estado actual de cosas en un
diseño alternativo. No podemos permanecer inertes ante las plagas que pueblan nuestros
paisajes.
En forma abrumadora, las sociedades latinoamericanas, ancestralmente desiguales y
escindidas en incontables direcciones, hoy lo son más que nunca. En algunos
paíseslos menosla pobreza disminuye aunque perdura la injusticia.
En otroslos másaumenta el número de ciudadanos condenados a una
existencia ingrata, inaceptable e indignante, al tiempo que se ensanchan las brechas de
por si abismales que separan a pobres de ricos, a la ciudad del campo, a negros y morenos
de blancos y criollos, a hombres de mujeres y a niños del resto de la sociedad. El empleo
permanece estancado, los ingresos siguen castigados, y el gasto en educación, salud,
vivienda, la niñez y el futuro no logra compensar los interminables decenios perdidos.
Nuestras incipientes democracias se ven constantemente amenazadas por connatos de golpes,
por magros resultados económicos, por la explicable apatía de una población agobiada
por la sobrevivencia cotidiana, y por un desarraigo persistente. Y la naturaleza
inconclusa de nuestras nacionalidades se ve hoy agravada por una globalización
inclemente, en ocasiones ficiticia o exagerada por los medios, y
siempre cercenadora de las fragiles soberanías construídas a penas en el último siglo y
medio. Es todo ello lo que debemos enmendar, mejorar, reformar, en una palabra, cambiar.
Lo debemos hacer en un mundo que ofrece a la vez más y menos resistencias que antes al
cambio. El estrechamiento de los para metros ideológicos, aunado al imperativo de
ceñirse a las exigencias del flujo de capitales, bienes y personas ha reducido el margen
de maniobra de cada nación, de cada gobierno, de cada partido o movimiento. Cegarse ante
ello es, además de inutil, pernicioso para todos: beneficiarios y victimas del reparto de
vicios y virtudes del fin de milenio. Pero las mismas transformaciones de los últimos
decenios del siglo han entreabierto nuevas posibilidades de cambio, de lucha y de
levantamiento de utopías antes apenas imaginables. Las tecnologías disponibles solo para
unos pero en teoría utilizables por todos, el fin de la guerra fria y los fenómenos de
integración regional, la posibilidad de despojar a los intentos de reforma social de sus
connotaciones ideológicas decimonónicas, la creciente conciencia
de que si el mundo es global, también es único, son todos ellos tablones de un nuevo
andamiaje factible: el que permita construir países más justos y solidarios, más libres
y concientes, en paz consigo mismos e insertos en un firmamento financiero, ecológico,
comercial y jurídico menos agresivo y polarizante.
Somos firmes partidarios de superar las políticas neoliberales que han extraído al
mercado de su condición de instrumento para elevarlo al status de una religión.
Distinguimos entre la economía de mercado y la necesidad de democratizar este último,
por una parte, y el neoliberalismo, por la otra. Este, una vertiente extrema de la
economía de mercado, ha fracasado en su intento de generar crecimiento y desarrollo, y en
particular frente al desafío de lograr una distribución más justa del ingreso y de la
riqueza. Ha quedado de manifiesto hoy lo erroneo de la idea según la cual el capital es
el factor determinante y casi exclusivo de los procesos económicos. Las políticas de
privatización a ultranza, de rebaja sistemática de impuestos y de desregulación de los
mercados laborales, tan propias de los enfoques neoliberales, han conducido en la mayoría
de los casos a agravar los conflictos y tensiones sociales, profundizando el
empobrecimiento de vastos sectores de la población. Nuestro rechazo no se limita sin
embargo a humanizar el neoliberalismo, sino a proponer un enfoque alternativo al
proponernos la democratización de la economía de mercado.
En este empeño es obvio que los dilemas abundan: si se proponen reformas demasiado
alejadas del status quo, se objeta que son atractivas pero utópicas. Si se plantean
transformaciones ceñidas a la situación actual, se protesta que son viables pero
insignificantes. Por tanto, todas las propuestas programáticas parecen o bien ilusas o
bien triviales. Se trata, en realidad, de un falso dilema, producto de la falta de
entendimiento de que los cambios acontecen de manera puntual y acumulativa. Cualquier
dirección de cambio que valga la pena ser pensada puede ser descompuesta en puntos
cercanos a la realidad actual o distantes de ella. Lo que cuenta es la dirección, y sus
efectos sobre la comprensión por la gente de sus intereses, sus identidades y sus
problemas.
La globalización económica y financiera aceleró la difusión planetaria del llamado
"pensamiento único", la doctrina neoliberal, que adquirió en América Latina
rasgos y exageraciones ausentes en la versión de los países industriales. En varios
países de la región, se adoptó la versión más extrema de esta forma de organización
económica, restringiendo enormemente el papel de las
políticas públicas y de la regulación estatal. Ni en la experiencia japonesa y la de
otros países asiáticos donde se ha desarrollado la economía de mercado, ni en la
europea, se deja tan poco margen para los mecanismos regulatorios o pro-activos del
Estado. Incluso en Estados Unidos se reservan ámbitos para la
acción estatal desconocidos en algunas adaptaciones latinoamericanas de la economía de
mercado. Estas no son solo producto de la lógica del capital financiero, que no reconoce
controles y que fluye hacia donde existen la regulación más laxa, sino también de la
acción de los mismos estados nacionales, que por una suerte de exageración ideológica
disminuyen, con entusiasmo militante, sus propios mecanismos de regulación. Se gesta
entonces la siguiente secuencia:
1. La globalización crea las condiciones para la circuclación irrestricta de
capitales y su reasignación casi inmediata en función de la maximización de las
ganancias.
2. La lógica financiera, sustentada por un volumen de transacciones diarias de 1300 miles
de millones de dólares, tiende a imponerse sobre la lógica productiva.
3. La capacidad de los capitales especulativos para circular hacia donde encuentran las
menores cortapisas lleva al conjunto del sistema y a cada país a una puja hacia abajo de
desregulación o disminución de controles.
4. Dicha tendencia hacia la desregulación se profundiza cuando además se le agregan las
consecuencias de las propias políticas nacionales impulsadas por versiones neoliberales
extremas. En esas condiciones, la lógica financiera y especulativa tiende a dominar a las
economías nacionales.
5. Finalmente el fenómeno se amplifica aún más, cuando se deduce que el advenimiento de
un "mundo único" tornará anacrónicos, tarde o temprano, a los estados
nacionales.
El poder público se somete entonces a la lógica financiera y especulativa; el destino
de las sociedades escapa a la decisión de sus habitantes y, en definitiva, nos dirigimos
hacia un mundo sin voluntad deliberada, o en todo caso mayoritaria, en el que se iría
perdiendo la capacidad de modelar el futuro. Pero este no es un destino inmodificable ni
un escenario irremediable. Es solo un futuro probable, que, por lo tanto, puede ser
alterado. Será imposible hacerlo, sin embrago, si no se fortalece en algunos
casos o se reconstruye en otros la soberanía interior
del Estado, es decir su capacidad para llevar adelante las políticas votadas por las
mayorías. Un Estado no es soberano cuando un poder privado posee mayor fuerza que él en
la definición de los objetivos de una sociedad o cuando la lógica financiera
omnipresente, pero sin territorio, se impone a las naciones. Esta capacidad soberana del
Estado poco tiene que ver con la discusión clásica sobre sus dimensiones o sus niveles
de intervención; se refiere más bien a la existencia del Estado como poder público,
como el ejecutor de la voluntad democrática. He aqui el punto de partida de nuestra
propuesta, y la medida exacta de su ambición.
Un proyecto de nación con sustento político
1. El vínculo de América Latina con la economía mundial y la comunidad
internacional, y en particular con la llamada globalización financiera y los grandes
movimientos de capitales que recorren y sacuden al mundo, puede redefinirse en tres
níveles, cada uno apoyando al otro. A escala nacional, resulta factible y deseable poner
en práctica diversos mecanismos de regulación del capital especulativo procedente del
exterior, junto con la prioridad acordada al ahorro interno que reduce la dependencia en
dichos flujos. Entre distintos impuestos de entrada y de salida semejantes a
los que ya existen o han regido en varios países, como Chile, Brasil y Malasia
, y estímulos a la inversión extranjera directa a diferencia de la de
cartera, es posible incrementar el margen de autonomía (relativa) de los Estados
nacionales.
En segundo término, los procesos de integración económica regional
Mercosur, Colombia Venezuela, y los esfuerzos de resuscitar el
Mercado Común Centroamericano que debemos fortalecer, profundizar y
politizar, ofrecen posibilidades adicionales de regulación y ordenamiento de la relación
con las redes mundiales de circulación de capitales. Es evidente que la capacidad y la
eficacia de medidas regulatorias será superior a nivel regional que para cada país en lo
individual, al ser más grandes y atractivos los mercados en cuestión y al aumentar el
costo o el castigo de no ingresar a ellos por rechazar las limitaciones impuestas por los
países integrados. Por último, debemos impulsar a escala internacional, en los
organismos financieros multilaterales y en otros foros, propuestas de regulación o
tributación (el Tobin tax propuesto por el finado Presidente François Mitterand, por
ejemplo) de los movimientos de capital especulativo. La utilización de mecanismos de
mercado para redefinir la relación de países y regiones con los nuevos fenómenos de la
globalización es la clave para construir nuevas formas de soberanía.
2. No solo no somos adversarios de la integración económica regional sino que al
contrario, pensamos que debe ir más lejos, abarcar más ámbitos y ser más ambiciosa de
lo que actualmente pretende. El error de la intergración tal y como se lleva a cabo ahora
reside en restringirse exclusivamente al dominio comercial; debemos ir construyendo, de
manera paralela y simultánea a la reducción de aranceles entre nuestros países, las
instituciones regulatorias, las convergencias sociales y las políticas comunes que en
otras latitudes se fueron edificando a ritmos distintos. La única manera de evitar el
sentimiento de enajenación que ciudadanos de otros países han llegado a expresar ante
entes burocráticas lejanas y libres de cualquier rendición de cuentas es la
construcción acompasada de solidaridad social entre los países partícipes. Esto es
particularmente pertinente al caso de Mercosur, incluyendo en esta noción la asociación
privilegiada, y que debe profundizarse, con Chile. Queremos más integración entre
nosotros y entre iguales, y para ello debemos fomentar el encuentro de las fuerzas
políticas, sociales, cívicas y profesionales de nuestros países; la integración
económica es demasiado importante para permanecer en manos de los burócratas de los
ministerios de comercio o de hacienda.
3. Proponemos un desarrollo democratizador, que descanse en la reorganización y en el
refinanciamiento de un estado actuante y provisto de amplios recursos, capaz de invertir
en los individuos, y de convertirse en un impulsor vigoroso y util de la iniciativa
privada, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas; en la lucha contra el rígido y
trágico dualismo entre las vanguardias y retaguardias económicas y sociales que escinde
a todos nuestros países; y en una profundización de la democracia mediante reformas
institucionales que favorezcan la puesta en práctica de los cambios estructurales
requeridos y que generen, en el día a día de la vida cívica y social, un auténtico
choque libertario. Hasta hoy ha fracasado la insistencia en moderar la desigualdad
simplemente con políticas sociales compensatorias, incapaces de aminorar brechas que
radican en la estructura misma de la economía. No debemos temer a una democracia más
libre. Insistimos en la posibilidad y en la necesidad de crear instituciones políticas y
económicas asentadas en nuevos modos de vinculación entre democracia representativa y
participación ciudadana, que asuman como prioridad el desarrollo humano y económico.
Tanto este último como la pobreza hoy tiene que medirse no solo por la carencia de
ingresos, sino principalmente por la falta de oportunidades básicas para el desarrollo de
cada persona. En la medida en que falta acceso a los bienes básicos del desarrollo se
será más pobre. Por tanto, deberán recibir una atención prioritaria las instituciones
políticas y económicas para incluir a los excluídos del desarrollo.
No queremos regresar al nacionalismo populista ni a la estrategia semiautárquica de la
sustitución de importaciones que termine finalmente protegiendo la ineficacia de los
oligopolios autóctonos. Tampoco queremos regresar a las finanzas públicas inflacionarias
de otras épocas. Defendemos un Estado fuerte y democratizado, no el Estado que tenemos o
que tuvimos. Queremos democratizar la economía de mercado y volver a la democracia capaz
de enfrentar la desigualdad. El mercado debe ser el principal asignador de recursos, pero
corresponde al Estado crear las condiciones para que las necesidades de los más pobres
puedan convertirse en demandas solventes que puedan ser procesadas por este. Rechazamos la
idea de que la economía de mercado reviste la forma natural y necesaria de las
instituciones económicas hoy predominantes en las democracias industriales. Insistimos en
la posibilidad y la necesidad de inovaciones institucionales que contribuyan a introducir
una descentralización económica real en sociedades tan jerárquicas y excluyentes como
las nuestras. Queremos crear las bases para una nueva generación de proyectos nacionales
de desarrollo que superen la falsa elección entre la sumisión a las nuevas reglas del
juego en la economía internacional y la fe en el autoritarismo desarrollista de un
Estado-guía. No proponemos una tercera vía porque no existe una segunda. Proponemos una
alternativa democratizadora a ese camino que se vanagloria falsamente de ser único.
Una alianza del centro con la izquierda necesita sustentar esta propuesta, sustituyendo
la alianza entre el centro y la derecha que, en tantos países ha respaldado las reformas
económicas conservadoras de los últimos años. La tarea del centro es darle expresión
transformadora a la inconformidad de la clase media; y defender la generalización de la
meritocracia en la vida social; debe avocarse a mostrar la imposibilidad de realizar entre
nosotros el ímpetu libertador de la vieja causa liberal por la simple imitación de las
instituciones políticas y económicas de las democracias ricas del Atlántico Norte. Por
su parte, la misión de la izquierda consiste en confrontar la desigualdad al combatir el
dualismo, mediante la profundización de la democracia; en lugar de reproducir la
división de la izquierda corporativa de los sectores organizados y de la izquierda
populista de los sectores desorganizados, esta propuesta pretende borrar esta descisión
tan perniciosa para todos.
En los últimos años se ha producido un cambio importante en el sindicalismo de la
región, iniciándose un proceso de sustitución de las concepciones anteriores por el
llamado sindicalismo sociopolítico. Este ha adoptado posiciones menos
contrarias en torno a la integración regional, reclamandola inclusión de cláusulas y
cartas sociales que restrinjan la competencia entre trabajadores, garantizando un núcleo
de derechos básicos. Entre ellos destacan la negociación colectiva, la sindicalización,
la no-discriminación y la supresión del trabajo infantil. También valoriza la
participación de los trabajadores para garantizar la competitividad y productividad de
las empresas, siempre a través de la negociación colectiva. Este sindicalismo tiende a
definirse por lo que podríamos llamar una democratización la globalización, extendiendo
la ciudadanía social a los trabajadores y los excluidos. Una alianza entre el
centro y la izquierda deberá incorporar las demandas del mundo del trabajo, y
convenciendo a los empresarios que la superación del desempleo y el subempleo sólo
sereå posible creando empleo
productivo y de calidad en economías dinámicas.
Un Estado democrático con fortaleza económica
4. Necesitamos un Estado fuerte, actuante y refinanciado como condición de posibilidad,
no como enemigo, de una economía democratizada de mercado. El sistema tributario debe
permitir una renta pública elevada que suba progresivamente a niveles internacionales.
Hay que tener presente que en ningún país del mundo hasta ahora ha sido posible generar
equilibrios sociales sólidos con niveles de gasto público inferiores al 30% del PIB.
Para reconciliar un aumento en el nivel de tributación con los imperativos del ahorro y
de la inversión privados, tenemos que concederle un papel importante al conjunto de
instrumentos de gravación. La tributación indirecta del consumo, generalmente realizada
a través del impuesto sobre el valor agregado, adecuadamente instrumentada, puede
permitir lograr este objetivo; su sesgo regresivo puede ser compensado con creces por el
efecto redistributivo del gasto social que permitirá. Especial importancia merecen
también dos tipos de tributos directos y fuertemente redistributivos: un impuesto directo
y progresivo sobre el consumo personal de cada ciudadano (tributando la diferencia entre
la renta total y el ahorro demostrado), un impuesto sobre el patrimonio, sobre todo en lo
que atañe a herencias y donaciones, y un impuesto sobre los recursos naturales que
capture para la Nación parte de la renta correspondiente a una favorable dotación de
recursos. El castigo ejemplar a los grandes evasores y la ampliación de la base de
contribuyentes completarán la obra de reorientación del sistema tributario. Es
obligación fundamental del Estado el optimizar los recursos fiscales que recibe de la
sociedad. Un gobierno de hoy en Latinoamérica debe erradicar totalmente la corrupción,
la deshonestidad y la ineficacia para que la administración de cada peso fiscal rinda la
máxima productividad en términos sociales y de desarrollo humano.
En algunos países una deuda interna onerosa compromete una enorme parte de la renta
pública y provoca altísimas tasas de interés; allí, es necesario sanear la situación
patrimonial del Estado. Para lo anterior, puede convenir la privatización de empresas
públicas, a condición de utilizar las ganancias consiguientes para abatir la deuda
pública interna y reducir los intereses pagados por el gobierno -y por los agentes
privados- a niveles internacionales. Rechazamos el recurso de financiar gastos corrientes
o el deficit externo mediante la venta de activos estatales. La privatización es un
recurso de política económica de caracter circunstancial, no un prejuicio o dogma
ideológico. Nuevas empresas públicas pueden ser creadas mañana, mientras otras se
privatizan hoy. Debemos asimismo utilizar las privatizaciones para fragmentar la propiedad
y acentuar la competencia, evitando la sustitución de monopolios públicos por monopolios
u oligopolios privados. Ante todo, sin embargo, es preciso construir tres dispositivos
cuya ausencia ha redundado en elevados costos para nuestras naciones durante la euforia
privatizadora de los últimos años. En primer término, debe existir una estrategia
nacional de desarrollo a largo plazo que fije los grandes parametros en los cuales debe
situarse tanto las privatizaciones como la conservación o la creación de entidades
paraestatales, y que defina también las normas de administración -sujetas a criterios de
mercado- de estas últimas. En segundo lugar, es imprescindible la creación de
instituciones de fiscalización y transparencia que rijan la venta de activos estatales,
no solo evitando vicios clásicos como el tráfico de influencias, la información
privilegiada o precios inferiores al valor de mercado. Se trata también de asegurar que
los compradores convienen al interés nacional, y que sus recursos proceden de negocios y
medios lícitos. Por último, en la mayoría de nuestras naciones brilla por su ausencia
el marco regulatorio necesario para asegurar un adecuado funcionamiento de macro-empresas
privadas que suelen brindar un servicio público con caracter semi-monopólico. Sin dicho
marco regulatorio la privatización puede resultar contraproducente y onerosa.
Contra la desigualdad: oportunidades para todos
5. El Estado debe asegurar para todos un conjunto básico de derechos sociales, con la
conciencia de que una política de compensación social sólo puede profundizar y jamás
sustituir, el combate al dualismo económico y social: el abismo que separa, en nuestros
países, al sector favorecido y organizado de la economía del sector atrasado y
desorganizado. Estos derechos sociales deben tener como prioridad la niñez y la
educación, garantizándole al niño una escuela que le proporcione, además de
instrucción, un sustento alimenticio y médico cotidiano. El apoyo al niño encuentra su
complemento indispensable en la asistencia a la madre, sobre todo a las madres solteras
jefas de familia o de hogar: en algunos países latinoamericanos, cerca de la mitad de las
familias obreras están bajo la conducción de mujeres, mientras que los hombres hacen las
veces de compañeros inestables. El Estado debe garantizar el acceso igual al proyecto
educativo para todos y cada uno de los ciudadanos. Si algo ha impulsado la brecha entre
ricos y pobres, es la carencia de oportunidades de participar en el proceso educativo
hasta el nivel universitario para los pobres y los excluidos del desarrollo. Con
políticas inteligentes, con la modernización de la tecnología en los procesos
educativos, con educación a distancia, electrónica y por televisión, se puede superar
esta deficiencia. Un proyecto educativo de hoy no puede conformarse con educación hasta
sexto de primaria o en el mejor de los casos hasta secundaria, es impostergable que se
pongan en marcha los mecanismos de parte del estado para que la educación pública
abarque a todos y cada uno de los ciudadanos, abarque todos y cada uno de los niveles
educativos y abarque hasta el último punto del territorio. Con ciudadanos equipados con
elevados niveles educativos, con conocimientos y tecnología se estará realmente
garantizando el desarrollo sustentable. Será pues mucho mas importante la inversión en
desarrollo humano respecto a otras inversiones de gobierno.
La misión de la escuela en una democracia consiste en examinar las posibilidades de
imiginación y de vida que la sociedad es incapaz de enfrentar. Debe ser la voz del futuro
-de futuros alternativos- dentro del presente, y debe reconocer en el niño al trabajador
del porvenir y al ciudadano, a un pequeño profeta. Por ello, es imprescindible evitar que
una instancia específica de gobierno -ni siquiera el de la comunidad misma- tenga una voz
preponderante en materia del contenido educativo. Un sistema de responsabilidad múltiple,
de financiamiento múltiple, de orientación múltiple federal, estatal, y
municipal liberará a las escuelas públicas de una dependencia exclusiva del
control local y les brindará los recursos económicos y culturales para
formar a hombres y mujeres libres.
El conjunto básico de derechos sociales debe permanecer desvinculado del empleo para
no reforzar las desigualdades existentes, financiándose cada vez más a través del
sistema tributario central y no mediante impuestos de nomina que merman la competitividad
de las empresas y agudizan la brecha entre poseedores de empleos estables y los vastos
estamentos desempleados o informalmente ocupados de nuestras naciones. El horizonte de
desarrollo futuro de estos derechos debe ser la generalización de un principio de
herencia social: todos heredan de la sociedad en lugar de que sólo unos cuantos
privilegiados por sus familias lo hagan. La vía práctica de la herencia social es una
cuenta social, abierta a nombre de cada individuo. El monto de la cuenta podrá aumentar
de acuerdo con dos principios contrapuestos: carencias o vulnerabilidades especiales o,
por el otro lado, méritos especiales, competitivamente demostrados.
La posibilidad de elevar los salarios reales por encima de los límites impuestos por
las ganancias de productividad ha constituido uno de los temas más espinosos y
controvertido de nuestras deliberaciones. Por un lado, todos los participantes concordaron
en lo tocante a la necesidad de elevar la proporción que representa la masa salarial en
la renta nacional: no basta elevar salarios nominales, ni ampliar el empleo con
remuneraciones de miseria. Pero tampoco es sencilloaunque no es
imposibleimponer alzas de ingresos al margen de los incrementos de
productividad. Todos reconocen que la valorización salarial tiene que respaldarse en un
fortalecimiento del derecho al trabajo sin caer en la camisa de fuerza de la
estabilidad del empleo rechazando el desmantelamiento de los derechos
laborales. Habrá que resolver adecuadamente la tensión entre crear empleos estables y de
calidad con instrumentos negociados que reduzcan el peso de los costos laborales no
salariales sobre las empresas. Sólo un nuevo ciclo de desarrollo, sustentado en un Estado
enriquecido y en un ahorro nacional elevado, puede reconciliar la valorización salarial
con un amplio mercado de trabajo.
Una sociedad que ahorra y un nuevo nexo ahorro-inversión
6. Cualquier proyecto nacional de desarrollo, y sobre todo un proyecto antidualista,
pasa por la elevación del nivel de ahorro interno y por la apertura de nuevos vínculos
entre el ahorro privado y la inversión productiva. "El capital se hace en
casa": en la actualidad, ningún país puede confiar en la posibilidad de
desarrollarse con el dinero de los demás. La inversión extranjera es mucho más útil
mientras menos se depende de ella. El ajuste fiscal enriquecedor del Estado (permitiendo
el ahorro público y la elevación del gasto social y de la inversión pública en
infraestructura) y la organización pública del ahorro privado son dos maneras
complementarias de movilizar los recursos nacionales para el desarrollo. El blanco debe
ser una tasa de ahorro superior al 30% del PIB. La reforma del sistema de previsión
social ofrece una oportunidad privilegiada para organizar y elevar el ahorro privado.
Combinando los sistemas de previsión social de "beneficios pre-establecidos"
(que garantiza una pensión fija independientemente de las cotizaciones) y de
"contribuciones fijas" (que devuelve al jubilado lo que ahorró durante su vida
activa) se torna factible la exigencia de un ahorro obligatorio, progresivo y
redistributivo. Asi se combina un sistema de ahorro privado obligatorio con un mecanismo
que redistribuya parte de las cuentas más ricas hacia las cuentas más pobres.
Sin embargo, no es suficiente elevar el ahorro. Es preciso abrir al mismo tiempo nuevos
canales entre el ahorro y la inversión productiva. Si incluso en la economías ricas gran
parte del potencial productivo del ahorro se disipa en un casino financiero y la
producción se autofinancia en buena medida a través de la reinversión de utilidades, en
nuestros países resulta aún más tenue el nexo entre el ahorro y la producción. Por
ello es necesario constituir, más allá de la banca y de las bolsas de valores, una vía
adicional de movilización productiva del ahorro: fondos, comenzando con los de previsión
social, administrados bajo un régimen de autonomía de gestión y responsabilidad
financiera. Algunos tendrían incentivos para invertir directamente en las pequeñas y
medianas empresas de la retaguardia económica. El acceso a crédito y financiamiento es
extraordinariamente reducido para la mayor parte de la población. Por esto, debe
extenderse el sistema financiero tradicional hasta alcanzar una cobertura total
territorial, una cobertura a toda la población con instituciones tales como: cajas de
ahorro, fideicomisos, uniones de crédito, tandas y particularmente instituciones de
microcrédito que garantizan el acceso a este vital y elitista recurso, para todos y cada
uno de los ciudadanos no importando su condición de pobreza de aislamiento o de nivel
educativo.
Una estabilidad sostenible y enriquecida
7. Si la elevación del ahorro interno, acompañada de la búsqueda y construcción de
nuevos vínculos entre el ahorro privado y la inversión productiva, es una de las
condiciones del nuevo proyecto nacional de desarrollo democratizador, otra es la
consolidación y la reorientación de la estabilidad monetaria. La estabilidad de la
moneda es una bandera indeclinable. Los desequilibrios tradicionales de las finanzas
públicas en América Latinacon la inflación y el sobreendeudamiento externo
consiguienteseran síntomas de la debilidad de un Estado incapaz de imponer a
las clases adineradas el costo de la inversión en individuos y en infraestructura
productiva. No obstante, a la larga y concluída la etapa de estabilización, hay que
liberar la estabilidad de la moneda de su dependencia de la sobrevaluación del tipo de
cambio, de la compresión salarial, y de las altas tasas de interés reales internas. Ello
solo es posible mediante un ajuste fiscal enriquecedor del Estado, que, al aumentar la
carga tributaria, reconcilie la elevación de los ingresos fiscales y la ampliación de su
base con el fortalecimiento del ahorro y de la inversión. Necesitamos un ajuste fiscal
que enriquezca al Estado en lugar de empobrecerlo.
Vanguardias y retaguardias
8. El proyecto de desarrollo que se propone construir debe combatir y, a largo plazo
superar, la división entre vanguardias y retaguardias productivas. No es aceptable una
estrategia de desarrollo que se conforme con la actual repartición internacional de
ventajas y desventajas comparativas y que imponga a todos la misma escalada evolutiva,
lenta, penosa y comprobadamente incapaz de cerrar la brecha entre ricos y pobres y, dentro
de cada economía, entre sectores avanzados y atrasados. Una vanguardia productiva dentro
de cada país se inserta en la red internacional de vanguardias, mientras el resto de la
sociedad, supuestamente pacificada por una política social asistencialista, espera su
turno. La mayoría trabajadora pena en el purgatorio del subempleo o del empleo en una
industria integrada en fracciones subalternas del proceso internacionalizado de
producción.
No es preciso optar entre la reducción del Estado a actividades meramente reguladoras
y sociales y la adopción de una política industrial y comercial centralizada, al estilo
de las economías del noreste asiático. El camino consiste en descentralizar la deseable
alianza o asociación entre el poder público y sus políticas alternativas de apoyo y
fomento, y la iniciativa privada. En lugar de una estrategia unificada al estilo
asiático, se requiere de un esquema flexible y descentralizado, conducido por una
variedad de fondos y bancos públicos y privados y centros de asistencia que, con amplio
margen de autonomía decisoria, se coloquen entre los gobiernos centrales y las pequeñas
y medianas empresas. Redes de pequeñas y medianas empresas, ligadas por vínculos de
competencia cooperativa, deben contar con el apoyo necesario para consolidarse e
integrarse en la red mundial de vanguardias productivas.
El objetivo de esta política de alianzas descentralizadas y audaces entre gobiernos y
empresas es el combate al dualismo económico y social. Una vanguardia tecnológica,
localizada tanto en empresas públicas como en empresas privadas, debe desempeñar dos
tareas: una es disminuir la dependencia de la competitividad internacional de la
compresión salarial; la otra implica avanzar en la producción de los equipos y
materiales que las pequeñas y medianas empresas de la retaguardia sean capaces de
asimilar. El objetivo es la promoción activa de las prácticas económicas
vanguardistasde innovación permanente, disminución del contraste entre
supervisión y ejecución y mezcla de cooperación y competenciafuera del
sector tradicional de vanguardia. La extensión del vanguardismo exige un nuevo patrón de
vinculación entre el poder público y la iniciativa privada. Por otra parte, la
experiencia exitosa de desarrollo de una agricultura de carácter familiar a través de
asociaciones entre los gobiernos y las pequeñas haciendas en muchos países ricos es un
ejemplo a seguir en nuestros sectores agrarios. La reforma agraria no es un arcaismo ni
una excepción; es un asunto central.
9. La contrapartida del desarollo antidualista es la imposición de la lógica del
mercado a todos los agentes de la gran economía privada. Muchas veces, los cárteles y
oligopolios privados, tolerados o protegidos por el Estado, los subsidios directos o
indirectos obtenidos por aquellos que tienen acceso al favor público, el nepotismo en
grandes empresas familiares, el trato ingrato a los accionistas minoritarios y la
reducción de los mercados accionarios a mecanismos para atraer el capital sin exponer el
control de las empresas, transforman nuestro capitalismo en un remedo de economía de
mercado. No debemos permitir que el discurso de la privatización del sector público
sirva de pretexto para evitar que el Estado siga al servicio de intereses particulares y
que el sector privado siga contando con la protección y el apoyo indebido del Estado. Al
contrario, la
reorientación del apoyo del Estado para las empresas medianas y pequeñas, una
legislación antimonopólica vigorosa en favor de la competencia y contra los oligopolios
privados o públicos, la defensa de los accionistas minoritarios contra los accionistas
controladores, el castigo fiscal a la cerrazón familiar de las grandes empresas, la
extinción de las acciones sin derecho a voto y la publicación de los beneficios de que
gozan los grandes ejecutivos, son, todos ellos, medios para imponer la competencia a
quienes alegan que la quieren. Complementan la obra de superación de la fosa entre
vanguardia y retaguardia.
10. Semejante programa económico es compatible con el libre comercio sin dogmas. Y
"sin dogmas" significa que la desprivatización del Estado y la profundización
de la democracia facultarán la selectividad estratégica de los procesos de apertura
evitando que protecciones tarifarias selectivas y temporales sirvan tan sólo para
transformar influencia política en privilegios económicos. Quiere decir que la
elevación del ahorro interno liberará a nuestros países del círculo vicioso de
dependencia de capital financiero atraído por altas tasas de interés internas, mientras
que favorecerá la entrada de capital destinado al aumento de la producción y de la
productividad. Contrasta con la vigencia de distinciones rígidas entre el tratamiento del
capital (libre para circular) y el tratamiento del trabajo (aprisionado dentro del
Estado-nación). Implica el deber de militar dentro de las organizaciones del sistema de
Bretton Woods para impedir que actúen únicamente como brazo
ejecutor de las ideas dominantes.
11. El programa de desarrollo antidualista descansa en una profundización de la
democracia. No queremos una democracia dosificada. El fortalecimiento de la democracia
pasa por innovaciones institucionales. Un primer componente de este programa de
profundización democrática es la autenticidad electoral y el fortalecimiento de la
movilización cívica organizada y duradera. No basta con respetar el sufragio popular:
también es necesario disminuir la influencia del dinero en la política. Para lo
anterior, debe exigirse el financiamiento público de las campañas y la transparencia de
las contribuciones privadas que se permitan. Resulta decisivo compatibilizar la austeridad
indispensable en las campañas electorales en países pobres con la necesidad de evitar el
financiamiento corrupto o ilícito, ya sea de grupos de intereses, ya sea del
narcotráfico. La dificultad de llegar a equilibrios adecuados en esta materia en otros
países no merma el imperativo de lograrlo en nuestos países.
La fuerza de los medios
12. Al mismo tiempo, tenemos que abrir los medios de comunicación a la sociedad en
cada país. En la mayoría de las naciones latinoamericanas, se ha pasado de un control
estatal abrumador, en particular en los medios electrónicos y radiofónicos, al poder
avasallador de inmensos monopolios privados. En ausencia de marcos regulatorios adecuados
y de la fragmentación procedente de los sistemas de cable y DTH en los países
industrializados, es imprescidnible impulsar medidas que sin menoscabo de la libertad de
expresión y la propiedad privada de los medios, aseguren a la vez una pluralidad y un
acceso consonantes con las aspitraciones de las sociedades latinoamericanas. Esto se puede
lograr, entre otras cosas, mediante la limitación de la concentración de las concesiones
o las frecuencias, a través de la descentralización y diversificación de la propiedad
de los medios asi como de la producción de la información y de la comunicación.
Asimismo, es necesario ampliar el acceso gratuito a los medios masivos de comunicación
para los partidos políticos, los movimientos sociales y los diversos sectores de la
sociedad, incluyendo minorías culturales, étnicas e ideológicas.
Sociedad fortalecida, gobierno transparente
13. Un ingrediente esencial de un programa de democracia fortalecida reside en la
responsabilización o rendición de cuentas de los gobernantes. Por un lado, deben
multiplicarse instrumentos como la iniciativa popular para revocar mandatos, el referendum
por iniciativa ciudadana, la responsabilización parlamentaria de los secretarios de
Estado, un ministerio público independiente y legitimado para desafiar al gobernante en
juicio, y la creación de soluciones judiciales sumarias contra los abusos de poder. Estos
recursos permiten llenar los vacíos entre elección y elección y matizar la ecuación
democracia=elecciones esporádicas. Asimismo, la designación de instancias autónomas
dentro del Estadotanto en el ámbito regulatorio como en lo tocante a
contralorías fiscalizadoras de la corrupciónasegura un principio de
distancia entre vigilados y vigilantes. Por otro lado, en la base de la vida política y
administrativa, debe promoverse la participación de las comunidades en la formulación e
implementación de presupuestos y programas de gobiernosobre todo presupuestos
y gobiernos localescon cuidado para evitar que la oportunidad de
participación resulte tan sólo en una transferencia de poder a minorías movilizadas.
Las experiencias brasileñas al respecto son especialmente interesantes en este sentido.
Reformar el presidencialismo
14. Un elemento adicional del programa político democratizador radica en la reforma
del régimen presidencial. Sin compartir la predilección de algunos por el
parlamentarismo fragmentador, consideramos que el presidencialismo latinoamericano calcado
de Norteamérica no es del todo adecuado para nuestras sociedades. Por ello, si mantenemos
el sistema presidencialista en vista de su potencial antioligárquico, debemos curarlo de
su mayor defecto para una práctica acelerada de la democracia: el favorecimiento de
impasses legislativos sobre programas de reforma. Tenemos que dotar al régimen político
presidencial de mecanismos para la resolución rápida de impasses programáticos, y para
fortalecer el poder decisorio y transformador de los Estados. Entre tales mecanismos se
encuentran una serie de instrumentos en cadena: el privilegio legislativo o "vía
rápida" atribuído a iniciativas de ley de naturaleza programática o estratégica
para el país por encima de la legislación puntual; el uso de plebiscitos y referendos
convocados por acuerdo de los dos poderes, además de los ya mencionadas iniciativas
ciudadanas; y otros mecanismos de democracia directa conciliando esta última con la
democracia representativa.
Un choque libertario
15. La última propuesta de este programa político consiste en dar un choque
libertario en la base de la vida nacional, o si se prefiere, provocar largas y continuas
estallidos de la sociedad civil que le permitan a los ciudadanos desamparados de América
Latina conocer sus derechos y defenderlos. En nuestras sociedades fragmentadas y
heterogeneas, casi nadie es solo un ciudadano: el número de grupos, sectores, minorías,
regiones y etnias victimas de alguna discriminación u opresión adicional a las de toda
la sociedad obliga a y a la vez alienta una política de ebullición constante. Mujeres,
jóvenes, obreros, comunidades indígenas, negros y mulatos, minorías de determinada
preferencia sexual, etnias oprimidas, sectas religiosas marginadas y muchos otros grupos
carentes de la plenitud de sus derechos y aspiraciones deben ser estimulados a
movilizarse., a conquistar espacios y derechos e intereses. Debemos multiplicar los
instrumentos prácticos para que los ciudadanos puedan conocer y reivindicar sus derechos,
y enfrentar los prejuicios de raza, etnia y género que dividen a la sociedad e intimidan
a las personas. No debemos separar la corrección de la desventaja de clase de las formas
de compensar la desventaja de raza y sexo. La acumulación de estas desventajas en ciertos
grupos debe de ser el primer blanco de una política liberadora.
Nos queda aún por delante una larga travesía; gran parte de la misma solo podrá
andarse sobre la marcha. El ejercicio iniciado en la Ciudad de México a principios de
1996 apenas comienza a cobrar forma, y no pasará la prueba de fuego hasta que el
incipiente encuentro de ideas y de fuerzas, de sensibilidades y teorías, se plasme en una
coalición de apoyo, un triunfo electoral, y en un programa de gobierno. Sin ser
inminente, el momento es cada vez menos lejano. Las alianzas se van construyendo; las
victorias intermitentes y parciales se vuelven más frecuentes; las ideas hacen su camino.
En el mundo entero se propagó la doctrina del camino único hacia la
prosperidad económica y libertad política. La tarea de los reformadores se limitaría
entonces unicamente a humanizar este camino. Su programa acaba siendo el de sus
adversarios, descontado a la mitad. Nosotros, en cambio, propugnamos una trayectoria
diferente. Asocia una propuesta productivista a una estrategia redistributiva; conjuga la
profundización de la democracia con la superación del dualismo social y económico;
combina un Estado fuerte, actuante y refinanciado, con el apoyo descentralizado a las
pequeñas y medianas empresas, introduciendo las prácticas económicas avanzadas y
experimentales más allá de las fronteras de las vanguardias económicas tradicionales.
Sienta las bases de una política popular de alta intensidad y democratiza radicalmente la
economía de mercado. Pasa por una secuencia, gradual pero acumulativa, de cambios en las
instituciones económicas, políticas y sociales. No consiste
en la humanización de lo inevitable. Es, más bien la alternativaposible y
necesariaa un destino que no merecemos.